717 son los días que ha pasado el abogado de derechos humanos norteamericano, Steven Donziger, bajo arresto domiciliario. Sin embargo, este no es el caso habitual de un presunto delincuente esperando la fecha de su juicio o sentencia. Según algunos expertos, esta es la historia del desastre ecoambiental más grande cometido por manos humanas en la actualidad.
Para poder comprender lo anómalo y peligroso de este caso, se tiene que conocer el trasfondo de esta lucha entre los derechos de los activistas ambientales y las empresas multinacionales. Donziger, con un movimiento de líderes locales ecuatorianos llamados Frente de Defensa de la Amazonia (FDA), inició un largo y arduo proceso legal en busca de responsabilizar a Chevron por daños medio ambientales que Texaco, empresa adquirida por Chevron en el 2001, habría causado en la Amazonia ecuatoriana por más de tres décadas. Si Chevron era declarado culpable debía indemnizar a 30,000 demandantes, la mayoría campesinos y población indígena, pagando 9500 millones de dólares estadounidenses con el propósito de beneficiar los ya carentes establecimientos de salud en la zona y limpiar la contaminación causada en más de 4.400 kilómetros cuadrados del Amazonas. Después de varios años bajo litigación y maniobras poco éticas por parte del equipo legal de Chevron, tres cortes en Ecuador declararon a la empresa petrolera culpable.
La resolución del juicio fue revolucionaria y apuntaba a un potencial riesgo para Chevron y empresas como esta – finalmente, podrían ser sentenciadas por sus efectos destructivos al medio ambiente. La empresa estadounidense decidió no acatar dicha sentencia y huyó del país. En la actualidad, Chevron no posee activos en Ecuador. Las nuevas tácticas por parte de su equipo legal no fueron sorpresivas. Recurrieron al Tribunal Arbitral de La Haya para declararse en contra de la legitimidad de las cortes en el país sudamericano, acusando a Ecuador de un juicio fraudulento y corrupto.
Su segunda táctica fue aún más inverosímil. Chevron inició una demanda civil en Nueva York en contra de Donziger a base de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), en la cual alegaba que Donziger pagó a un juez ecuatoriano por nombre de Alberto Guerra para influenciar el veredicto. El juez Lewis A. Kaplan, quien fue asignado al caso, declaró “sin bases” la sentencia de Chevron realizada en Ecuador y tomando el testimonio de Guerra, juzgó a Steven Donziger de extorsión. Esta decisión se realizó sin tomar en cuenta los inmensos conflictos de interés en los que se involucraba a Alberto Guerra con Chevron.
Dos años después en el 2015, Guerra admitió en una corte internacional que había mentido sobre la supuesta extorsión y que Chevron lo había apoyado económicamente y legalmente para mudarse a EUA. En un continuo intento para atacar a Donzinger, se le requirió entregar su celular y computadora a Chevron bajo la excusa de investigar más profundamente el caso de extorsión. Él se negó, refiriendo que Chevron utilizaría esa nueva información para perseguir a otros activistas y así, tratar de evitar futuras investigaciones y demandas en contra de la empresa.
Por consiguiente, el Juez Kaplan lo acusó de desacato y asignó a la jueza Loretta Preska al juicio de este nuevo cargo. En una decisión impresionante, inusual y sin antecedentes, la jueza otorgó a un bufete privado de abogados, Seward & Kissel, la autoridad de actuar como fiscales en el juicio. En EUA, este rol es usualmente tomado por el mismo Estado y no por entidades privadas de lucro. El activista todavía no ha sido condenado a una sentencia por este nuevo cargo. Sin embargo, la Jueza Preska decidió colocar a Donziger en arresto domiciliario ilimitado desde agosto de 2019.
La descarada persecución por parte de Chevron ha generado polémica internacional, habiéndose estimado que la empresa ha gastado más de dos mil millones de dólares en la apelación de su ecocidio en Ecuador. (En las últimas semanas, han sido documentados vínculos entre Chevron con ambos jueces involucrados y el bufete Seward & Kissel.)
Esta complicada historia no solo se trata de conflictos de interés entre gigantes industrias y autoridades, testigos y potencialmente hasta tribunales de La Haya, sino también sobre los riesgos y peligros que corren las comunidades y los individuos que se enfrentan a estos. Lastimosamente, en Honduras no es nuevo el tema de la persecución y el silenciamiento de voces ambientalistas. Si permitimos la hegemonía de empresas e intereses privados en nuestro país, las comunidades más marginalizadas peligran este tipo de violencia. No obstante, esta trágica saga nos presenta una oportunidad única. ¿Aprenderemos lxs hondureñxs a levantar la voz antes de que sea muy tarde?
Escrito por: Carlos Lanza
Fuentes :
Veiga, Gustavo. “Un abogado denunciante sufre la venganza de Chevron”. Página 12, 6 de julio de 2021.
North, James. “The Ongoing Persecution of Steven Donziger”. The Nation, 30 de marzo de 2021.
Stancil, Kenny. “On 700th Day of House Arrest, Allies Rally for Freedom of Steven Donziger”. Common Dreams, 7 de julio de 2021.
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